Una ley de represión ciudadana

El Partido Popular pisó el acelerador y aprobó unilateralmente, el pasado 25 de noviembre, el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, mediante la cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispondrán de una tabla tipificada para imponer sanciones económicas principalmente a quien ejerza sus derechos fundamentales. El PP también tiene como prioridad la reforma de nuestro Código Penal, el texto legal que define los delitos y su castigo.
Dice el Gobierno que esta Ley responde a la demanda creciente de la ciudadanía en torno a la inseguridad, como aquello que dicen en el metro de Barcelona de que si hay cámaras grabándonos es por nuestra seguridad -como si nos hicieran un favor- o cuando nos tratan de ignorantes en los anuncios de alarmas por no tener una en nuestra casa. Sin embargo, el Balance de Criminalidad 2013 del mismo Ministerio del Interior dice que los delitos han disminuido acusadamente y las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas afirman que la seguridad no es una principal preocupación (el 1,7%, frente al 77% del paro) de los ciudadanos del Estado español.


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 “La Ley Mordaza es una forma que usa el Gobierno”, sotienen desde el colectivo No Somos Delito, “para blindarse de la protesta social ante los recortes y protegerse de la corrupción.” Son precisamente colectivos como éste o Defender a quien Defiende y otras entidades como Amnistía Internacional quienes han alertado a la ciudadanía y a los medios de comunicación de la que se nos viene encima si se aprueban estas reformas. (Más en datecuenta.org)

 La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, vacía de contenido el derecho de reunión y manifestación, con múltiples requisitos y prohibiciones que hacen impracticable este derecho so pena de multas de hasta 600.000 euros. 
Lo primero que hay que tener claro es que esta no es una ley aislada, sino que forma parte de una estrategia de este Gobierno, que ha hecho una ley adaptada a cada tipo de movilización que ha surgido en estos años de crisis. Así prohíbe situaciones que pueden identificarse con un escrache, una ocupación de una entidad bancaria o una convocatoria como rodea el Congreso.
En definitiva, criminaliza los movimientos sociales, llevándose al ámbito administrativo las sanciones penales, sorteando así los tribunales de justicia. Lo que busca es disuadir a la gente a que salga a manifestarse y agravar la reincidencia –pues habrá hasta un listado de reincidentes-. Esta Ley cuestiona la democracia misma y el Estado de Derecho.

Pero además de “injusta” la Ley es una “chapuza”, porque está llena de incertezas, vaguedades e imprecisiones. Una conferencia de David Bondía en el Canal: Kuartoscuro.