Recortes de pensión y aumento de negocio

El gobierno se dispone a aprobar en solitario el primer paquete de la reforma de las pensiones exigida por el FMI y Berlín. Una agresión incalificable contra los pensionistas que no debemos dejar sin repuesta. Y contra la que ya se han levantado numerosas voces que reclaman, como exige la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones (MERP) desde su fundación, que las pensiones se blinden en la Constitución. La reforma va a sustituir la actualización de las pensiones en función del IPC, como se hacía hasta ahora, por otro sistema que tendrá en cuenta “los ingresos y gastos del sistema”. Fijando una subida mínima del 0,25% anual, sea cual sea la inflación, cuando exista “déficit”. Y una subida máxima de la inflación más 0,25% cuando haya “superávit”. ¿Qué supone este cambio para los pensionistas? El gobierno ya ha reconocido que con el nuevo sistema, la Seguridad Social se “ahorrará” en los próximos nueve años 33.000 millones de euros. Es decir, que los pensionistas dejarán de cobrar esa cantidad. Pero sus cuentas tienen trampa. Porque lo han calculado partiendo de que la inflación en España subirá un 1% en los próximos años, cuando el Banco Central Europeo prevé que la inflación media en la eurozona durante todo ese tiempo suba el 2%. Y en realidad, la media anual de la subida del coste de la vida en España desde que entramos en el euro alcanza el 3%. Esto significa que aplicando la subida mínima del 0,25% habrá entre 70 y 110.000 millones de euros menos que antes de la reforma para los pensionistas. Un atraco en toda regla por el que cada jubilado de nuestro país cobrará cada año, a partir de 2014, de 1.500 a 2.500 euros menos, si la inflación, como es previsible, llega al 2% o el 3%. Literalmente es robarle a cada pensionista dos o tres meses de pensión cada año. Sólo la aplicación de este primer hachazo muestra el futuro que están preparando esta gente: transformar el actual sistema público de pensiones en poco más que un sistema asistencial, casi de beneficencia. Abriendo así, además, el camino para que bancos y aseguradoras nacionales y extranjeras se hagan con una parte del “botín” de las pensiones, una caja que mueve en España 115.000 millones de euros cada año.

Fuente: deverdaddigital