Frente a las mentiras de la creación de empleo, la realidad es otra: el
TTIP se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y
ambientales que hasta la fecha han protegido --de forma desigual-
ciertos derechos de las personas. El beneficio será para las grandes
empresas transnacionales. Así se deduce de las explicaciones de la
Comisión Europea: "la barrera comercial más importante no son los
aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las
fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad
[...] El objetivo de este pacto comercial es reducir los costes y
retrasos innecesarios para las corporaciones..."
De nuevo el
argumento de creación de empleo y crecimiento en la crisis se
instrumentaliza para beneficiar al gran capital y para acallar cualquier
protesta en defensa de la sanidad, los derechos laborales o el medio
ambiente.
Según el colectivo Corporate Europe Observatory la Comisión Europea
efectuó 130 "reuniones con partes interesadas" en relación a las
conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU. Al
menos 119 de estas reuniones --más del 93%-- fueron con grandes
empresas y sus grupos de presión, entre ellos destacan el Consejo
Empresarial Transatlántico y BusinessEurope. Estas negociaciones se
suman a las políticas de EE UU, que se niega a ratificar convenciones de
la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a
sindicarse, o los ataques de la Comisión Europea y la troika a las
políticas salariales exigiendo bajadas salariales y normas más
"flexibles".
Así, este pacto transatlántico plantea numerosas y
graves amenazas para la población y el medioambiente y concentrará
todavía más poder económico y político en las manos de las élites en
ambos lados del Atlántico.
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