La única "buena noticia" de esta mañana es que el Partido Popular se ha quedado solo en la votación. Ningún otro grupo político se ha hecho cómplice de esta medida miserable. Y tenemos la certeza de que tampoco cuenta con el respaldo de una parte de los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron al PP durante las pasadas elecciones (además de algunos diputados/as populares en activo; eso también lo sabemos). Durante las últimas semanas y a través de diferentes campañas, la sociedad española ha demostrado tener una catadura bastante más digna que la de algunos de sus representantes. Es de esperar que los profesionales de la salud y el resto de ciudadanos desarrollen a partir de ahora una objeción de conciencia activa a una norma injusta.
Hace casi cincuenta años, Martin Luther King Jr. escribió su famosa Carta desde la prisión de Birmingham, un clásico de la literatura contemporánea y un aldabonazo a la conciencia de sus lectores. Allí decía el líder del movimiento de los derechos civiles: “Una ley injusta es una norma por la que un grupo numéricamente superior o más fuerte obliga a obedecer a una minoría pero sin que rija para él. Esto equivale a la legalización de la diferencia”.
He recordado este texto ahora que la votación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 26/2012 que, pretendiendo garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, introduce una serie de medidas que legalizan la diferencia, consagran la discriminación y fomentan la fractura social. Al menos 160.000 personas quedarán fuera de la atención sanitaria normalizada, por el mero hecho de ser migrantes en situación irregular (no son “turistas sanitarios”, sino “residentes de facto”). Además de violar un derecho básico y universal como es el de la salud, además de introducir serios problemas de salud pública, además de ser ineficiente desde el punto de vista económico, la medida presenta graves dificultades desde la perspectiva ética.
Fuente: 3500 millones
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