Cuatro días ha tardado el Gobierno en incluir en el BOE los cambios en
el Sistema de Salud español aprobados en el último Consejo de Ministros. Quedan excluidos del Sistema Nacional de Salud los inmigrantes sin
contrato de trabajo (algo que no prodigan numerosos empresarios
españoles). Como hizo Berlusconi y propone la ultraderechista francesa
Marine Le Pen. Se calcula que se quedarán sin tarjeta sanitaria 150.000
personas con todos los riegos (y de todo tipo) que implica. Solo serán atendidos en urgencias y en los embarazos y partos. Todos, españoles incluidos, tendrán que estar apuntados en la oficina
de empleo, en el caso de parados, para tener asistencia sanitaria. Si
no habrán de pagar el servicio. Se amplía extrema por tanto la medida
existente que ya apunté hace años en SOITU, y que apenas afectaba al 2% de la población.
Las farmacias tendrán acceso a los datos fiscales y nivel de renta de
los españoles sin consentimiento de los interesados para ver en qué
baremo están para cobrarles el suplemento. Me pregunto que si de TODOS.
Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las
prótesis, los productos dietéticos (se refiere realmente a complementos
alimenticios) e incluso el transporte sanitario no urgente. Es decir,
tendrán que pagar esos abuelos que vemos acudir a consultas. En cuanto a
las prótesis igual empezamos a ver gente arrastrando sus muñones sin
pierna ortopédica, porque no sabemos aún cuántos “cafes” -MÁS- les cobrarán por ello.
Se ha calculado ya que lo que se reclama a Iñaki Urdangarín en su
juicio por corrupción equivale a 3 millones de cafés. 27,5 millones de
cafés en el caso de Jaume Matas. Y la inservible Ciudad de la cultura de
Galicia –entre la multitud de obras faraónicas inútiles- 200 millones
de cafés.
Este fragmento pertenece ar artículo de Rosa María Artal, "Sanidad tercermundista, sanidad neoliberal" que puedes leer aquí.
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