Las últimas elecciones europeas han sacado a la luz conceptos como
‘casta’ para definir a la clase política. Por casta se entiende a un
grupo de mayor rango con privilegios especiales que están separados del
resto. Esta definición aglutina a la actual clase política española. Miles
de millones de dinero público terminan gastándose en mantener un
estatus de privilegio de los políticos en todos los ámbitos. A nivel nacional, regional o local. Dineros
para viajes, para Ipads, planes de pensiones privados, seguros médicos,
chóferes, seguridad innecesaria y así un largo etcétera. Además
existen
privilegios jurídicos como es el régimen de aforamiento que
impide que un político sea juzgado por un tribunal ordinario.
España es líder europeo en personas aforadas, cuyo enjuiciamiento corresponde a un tribunal superior.
Cerca de 10.000 personas gozan de este tipo de protección juridíca: más de 7.000 jueces y fiscales, diputados nacionales y autonómicos,
senadores, ejecutivos regionales, altos cargos de la administración del
Estado y todo el Gobierno central. Mientras, en Portugal e Italia sólo
está aforado el Presidente de la República, ante el Tribunal Supremo y
el Tribunal Constitucional, respectivamente.
En Francia están aforados el Presidente de la República, el primer
ministro y los miembros del Gobierno. En Alemania, en Reino Unido y en
EE UU, no hay ni un aforamiento...
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