Los autores insisten en la idea del mestizaje criminal: “el delito coexiste con comportamientos plenamente insertados en el lado legal de la vida de muchas personas”. La violencia, el dinero fácil, las drogodependencias, la degradación política e institucional… no se producirían por la exclusiva acción de los mercados ilegales. Los principales protagonistas de estos últimos serían los demandantes de sus productos y servicios, muchos de ellos situados en el corazón de las élites políticas y económicas de los países más empeñados en luchar contra dichas finanzas. Los vinculados al narcotráfico (importadores y distribuidores) serían individuos normales, antes que personas marginales. Este mestizaje también dominaría el campo de la delincuencia de cuello blanco, y, más concretamente, el de la criminalidad económica.
La llamada crisis financiera se vería como una catástrofe natural en
lugar de apuntar la necesidad de depurar responsabilidades individuales.
Sin embargo, ¿puede o hubiera podido tipificarse el comportamiento de
los agentes bancarios que, con sus prácticas globales a escala
gigantesca, fueron los causantes de la catástrofe? En las páginas del
libro se ataca el argumento más utilizado en las instituciones de la UE
(“para quienes la denominada crisis financiera se considera un hecho
consumado”), de que no tiene sentido buscar como culpables de los hechos
a personas individuales porque esta conducta obedece a mecanismos
estructurales de los sistemas empresariales, que no se pueden ni
superar, ni evitar. Esta tesis institucional legitimaría comportamientos
criminales organizados por autoridades estatales, pero ejecutados por
“dóciles personas dispuestas a obedecer órdenes de una autoridad
superior, aunque realmente se trate de comportamientos coordinados
desarrollados por un grupo de profesionales que no han recibido
presiones por parte de nadie, y menos por parte de autoridad estatal
alguna”.
“Delincuencia, finanzas y globalización”, [escrito por Armando Fernández Steinko (a cargo de su edición), Letizia
Paoli, Bernd Shunemann y María Laura Bohnse, entre otros académicos y
expertos, y prologado por el Magistrado de la Audiencia Nacional Ramón
Sáez Valcarcel]
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