El Gobierno utiliza trucos propios de trileros para escamotear de la actualidad el grave problema de sobreendeudamiento que aqueja al país. Técnicamente,
“España S.A” está en quiebra aunque el Gobierno y los medios de
comunicación lo oculten y prefieran centrarse en la bajada de la prima
de riesgo para defender la mejora de la situación. Aunque
el Banco Central Europeo rebaje al mínimo los tipos de interés, esa
medida de política monetaria no tendrá más que efectos paliativos y
nunca curativos para la enfermedad. En
términos globales la deuda (privada y pública) no podrá ser devuelta. O
la sociedad presiona para que el debate sobre la reestructuración y las
consiguientes quitas tengan en cuenta los intereses generales o, una
vez más, las élites financieras y políticas volverán a hacer recaer
sobre el conjunto de la clase trabajadora un nuevo fracaso del sistema
capitalista.
Se responsabiliza al país al endeudamiento público derivado del déficit de las Administraciones Públicas de la actual fase de la crisis financiera (la llamada crisis de deuda soberana). Se sostiene que “no podemos permitirnos el actual nivel de gasto público”, que las prestaciones actuales del llamado Estado de bienestar están “más allá de nuestras posibilidades”. En definitiva, se plantea que la solución a la actual crisis es el equilibrio presupuestario por la vía de la reducción del gasto. Nada más falso.
Es claro que en España hay un grave problema de sobreendeudamiento. Pero los datos muestran
de forma clara que el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y
no público. Que el endeudamiento privado ha crecido en los ocho años previos al estallido de la
crisis a un ritmo rapidísimo ligado en gran medida a la burbuja inmobiliaria y que los prestamistas
de nuestra economía ven complicado el recobro de las cantidades prestadas a entidades financieras,
empresas y familias en un entorno de crecimiento económico muy limitado y con el valor de las
garantías inmobiliarias en caída libre. A partir de 2007 son las administraciones públicas las que
incrementan su deuda de manera muy rápida, recogiendo el testigo de los agentes privados.
En este crecimiento de la deuda pública es clave la objetiva ilegitimidad que caracteriza
al proceso de “socialización” de las pérdidas y el rescate de parte del sector privado
(instituciones financieras) a cambio de lastrar a las Administraciones Públicas con
descomunales compromisos para el futuro.
De igual modo, es preciso reseñar que el actual nivel de deuda es insostenible para insti-
tuciones financieras, empresas, administraciones públicas y familias. Si no se produce una
profunda reestructuración que, inevitablemente debiera conllevar reducciones de la misma,
o el colapso financiero será inevitable.
Fuente: Informe sobre la insostenible evolución de la deuda de la economía española, aquí
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