¿Quién gana con la privatización de la sanidad?

El acelerado desmantelamiento del Estado del bienestar que se está ejecutando mediante la política económica de austeridad a ultranza tiene su capítulo más despiadado en la privatización de los servicios de Sanidad pública, puesto que está afectando a los sectores más indefensos de la sociedad: los enfermos, especialmente los crónicos; los jubilados y personas de la tercera edad en general; los niños que viven por debajo del umbral de la pobreza; las madres solteras y/o adolescentes; las familias con todos sus miembros en paro; los inmigrantes...

Para todos ellos, los recortes del gasto de Sanidad , que están preparando la privatización de esa prestación social, les supone una degradación considerable de su ya dramática situación en medio de esta gravísima crisis económica. Bajo la justificación de "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público", las autoridades autonómicas de Madrid, Catalunya, Valencia, Castilla-La Mancha y otras comunidades han aplicado drásticas restricciones del derecho de atención universal y gratuita a todos los ciudadanos, excluyendo a los inmigrantes irregulares, estableciendo copagos farmacéuticos (ahora recurridos ante el Tribunal Constitucional, sin que se hayan devuelto las cantidades ya abonadas por los pacientes), adjudicando importantes servicios (como los de análisis clínicos) a empresas que actúan en función de su beneficio económico , cerrando centros de urgencia y entregando la gestión de centros médicos a las corporaciones sanitarias privadas.
Todo ello se pretende justificar con la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública en cuanto a competitividad, rentabilidad y eficiencia. Pero en ningún caso se ha demostrado que la sanidad privada resulte ser más barata que la pública; todo lo contrario, tanto en España como en otros países (EEUU, Reino Unido , etc.) se ha comprobado que el servicio sanitario privado sólo es rentable cuando se derivan los pacientes graves y crónicos hacia una asistencia médica pública que asume los grandes gastos consiguientes. Y cuando las empresas privadas fracasan y se arruinan, entonces son también rescatadas a costa del erario público .

 Lo único que es incontestable es que la privatización de la Sanidad acaba generando grandes ganancias a las empresas que reciben las concesiones (el caso estadounidense es paradigmático de cómo esa imposición ideológica ultraliberal le sale carísima al Estado), al tiempo que deja desatendidas a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por tanto, el empeño de los políticos neoliberales en entregar la atención sanitaria a intereses privados sólo puede corresponder a la intención de que unos pocos se enriquezcan a costa de la salud de todos .
En consecuencia, los que apoyamos esta iniciativa reclamamos que, como máximo responsable del Gobierno de España, responda públicamente a la pregunta que se hacen todos los ciudadanos:
SEÑOR PRESIDENTE, QUEREMOS SABER:
 
¿QUIÉNES SON LOS QUE VAN A HACER NEGOCIO CON LA SANIDAD PÚBLICA?