La costumbre del decretazo trata de salvar el consenso político

En el programa de hoy han participado Miguel Gómez y Bernardo Garrido.

Constitución del consenso, por Antonio García-Trevijano

La ponencia constitucional ha realizado la tercera y última «lectura» del borrador. Es curioso cómo el nuevo vocabulario político de la Restauración denuncia, mejor que la mayoría de los análisis, la realidad. La propia ponencia que ha redactado el texto constitucional nos dice que ha procedido a su tercera «lectura», cuando en pura lógica debería decir «escritura». Pero no se trata de error de expresión. Material y simbólicamente el vocablo «lectura» es el que más se ajusta a la realidad del trabajo constitucional. Materialmente, porque los miembros de la ponencia, sin capacidad de decisión propia, actúan como funcionarios o delegados de sus respectivos partidos, de quienes reciben los textos que han de leer. Simbólicamente, porque el misterio sobre el origen divino de las leyes, o sobre su inspiración en el «bien común», no podría mantenerse si el pueblo conociera a quien las escribe y, por tanto, al «bien particular» que con ellas se procura. Las tablas del Sinaí se leen al pueblo. Pero no se escriben en su presencia.

Lo mismo sucede con la expresión utilizada por el _portavoz de la ponencia para designar al borrador o anteproyecto constitucional: la «Constitución del consenso>. Con esta singular expresión no ha querido decir que la finalidad del anteproyecto sea constituir el libre consenso de los ciudadanos en piedra angular de la Constitución del Estado, sino simplemente que el borrador ha sido aprobado por los miembros de la- ponencia sin ponerlo a votación, o sea, por «Consenso» unánime de los mismos, aunque admitiendo la reserva de votos particulares. En resumen, la ponencia considera como «constitución del consenso» a «su» consenso sobre la Constitución.

Hay consenso en la ponencia constitucional, en lugar de pugna constituyente, porque en realidad no se está discutiendo una nueva situación de poder entre las fuerzas sociales, que es el objetivo de todo proceso constituyente del Estado. Los miembros de la ponencia saben que su papel no es el de constituir, o de permitir que se constituya, una nueva situación política, ·sino el de legalizar, como expertos o legistas, la situación constituida. El conato de proceso constituyente del Estado fue sofocado mediante el pacto del poder ejecutivo del Estado y el poder representativo de la sociedad, es decir, con el acuerdo entre el Estado franquista y los partidos políticos. Acuerdo para convocar, celebrar y consagrar unas elecciones coyunturales como si fuesen estructurales. Acuerdo para dar valor constituyente a los resultados de unas elecciones anteriores a las libertades. (Sigue)

Publicado el 14 de diciembre de 1977 en “El Nuevo Reporter”