Antonio García-Trevijano y José Papí tratan el tema de la sedición catalana, y su repercusión y tratamiento en los medios de comunicación europeos.
LA PARTIDOCRACIA ES RESPONSABLE DE LA CRISIS CATALANA, por J.M. Domínguez Leal
El actual
proceso independentista en Cataluña es una consecuencia directa de la
degradación progresiva del Estado de partidos o partidocracia española.
Ello explica dos eventos conexos como la inacción criminal del actual
gobierno, y las constantes peticiones de diálogo de diversas instancias
como partidos del régimen cual Podemos o poderes fácticos como la
Iglesia Católica. La
inexistencia de una verdadera democracia en España, caracterizada por la
separación de poderes, es decir, la separación de nación y estado,
según la cual aquélla legisla y éste ejecuta, queda demostrada en los
partidos anclados en el estado, que viven por y para ellos, fomentando
la estadolatría y el sentimiento de desnacionalización en la sociedad
civil, a la que se priva, por el sistema electoral proporcional de
listas abiertas o cerradas, de la representación política de diputados
uninominales de distrito con mandato imperativo e independencia de los
intereses bastardos de los partidos estatalistas. Así, pudo escucharse
hace poco al presidente de la Generalidad catalana que Cataluña iba, por
fin, a tener un estado. Enfrente, el gobierno del estado español no
quiere aplicar ninguna medida coercitiva, ni judicial ni ejecutiva,
aunque hace años que podía haberlo hecho si tuviera alguna conciencia
nacional, y, en consecuencia, patriótica; estaría, en cambio, dispuesto a
dar caudales ingentes del dinero que roba impunemente a los ciudadanos
(los mismos que contemplan angustiados e impotentes la tormenta en el
famoso cuadro de Richard Oelze) a los estatalistas catalanes, o a
concederles todas las competencias propias de un estadito a su medida,
siempre que se mantuviera la apariencia de una unidad nacional mínima de
la antaño llamada España. Por otra
parte, las demandas de diálogo responden a la nostalgia del consenso, es
decir, del acuerdo de las oligarquías político-económicas para
repartirse poder, privilegios y prebendas a costa de los súbditos del
régimen y de la nación que constituyen independientemente de su
voluntad. Sólo la voluntad de
disenso puede, en fin, sostener la libertad de pensamiento que permita
la defensa desprejuiciada de la existencia de la nación española,
incompatible, como ya se ha visto, con la de la Monarquía de partidos,
que la sangra y la niega, dispuesta incluso a trocearla para satisfacer
la ambición de poder de su miserable clase política. Fuente:Cádiz por la República Constitucional
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