Breve reflexión en torno al coste que los partidos políticos españoles le cuestan al erario público, así como las diferentes otras formas de financiación con las que mantienen sus chiringuitos para aparentar el simulacro de democracia que estamos padeciendo.
Más del 75% de los ingresos que reciben los partidos provienen de fuentes públicas, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas (2013), entre subvenciones para funcionamiento y seguridad, ayudas para gastos electorales y aportaciones a grupos en Las Cortes, cámaras autonómicas, diputaciones y ayuntamientos.
El Ministerio del Interior es el encargado de repartir las subvenciones a partidos con representación en el Congreso de los Diputados para su funcionamiento ordinario. Estas ayudas se establecen cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, aunque fueron creciendo hasta superar los 82 millones de euros en 2011, desde entonces han ido cayendo. Desde 2013 se mantienen inmutables: 52,7 millones al año.
Además, la ley de 2007 reguló las aportaciones para gastos de funcionamiento que Euskadi, a imagen y semejanza del Estado, venía concediendo a los partidos vascos desde 1992, según el Tribunal de Cuentas. En ese año, la Comunidad Valenciana también incluyó esta nueva financiación en sus presupuestos. En total, estos dos gobiernos autonómicos han reservado en 2016 más de 6,1 millones de euros para los partidos con representación en sus parlamentos. Son las dos únicas comunidades autónomas que reparten estas ayudas para funcionamiento.
Más información: Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos
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