La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, que se enmarca en el derecho humano a la información y la comunicación. Vale decir, es consustancial a la vida democrática de la sociedad misma, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
En los últimos tiempos, sin embargo, esta aspiración democrática se ha visto seriamente constreñida por la hegemonía neoliberal que, al colocar al mercado como eje del ordenamiento social, pretende confiscar las democracias, anulando todo sentido de ciudadanía.
“Sin democratización de la comunicación, no hay democracia” fue una proclama que nació de grupos activistas e intelectuales –particularmente de quienes abordan el tema desde la economía política de la comunicación- al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los ’80.
La libertad de comunicación e información significa el flujo libre de ideas, opiniones y saber. Es imperativa para el libre desenvolvimiento de la personalidad de cada ser humano y para el desarrollo cultural, social, científico y económico de la humanidad.
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