Hace un año que la UE y los EEUU comenzaron las
negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio e Inversión, conocido
como TTIP. Este Acuerdo, negociado en secreto, poco tiene que ver con un
acuerdo comercial tradicional. Su objetivo declarado va más allá de la
eliminación de aranceles y de la apertura de mercados. Su objetivo principal es la eliminación de las “barreras”
regulatorias, dicho de otro modo, acabar con las normas sociales y
medioambientales que constituyan “barreras” a la libertad de comercio y
de inversión y se “interpongan” en el flujo transatlántico.
Estamos hablando de normas sanitarias y de seguridad alimentaria (como restricciones sobre transgénicos), de normas laborales (como Convenios Colectivos), de normas sobre uso de sustancias químicas tóxicas (como el marco reglamentario europeo para gestión de sustancias químicas REACH), de leyes de protección de datos, etc… Todo un acervo normativo y de derechos que se han ido conquistando a lo largo del tiempo y se quieren eliminar con la excusa del libre comercio.
Uno de los contenidos más preocupantes que se está negociando en el TTIP es el Procedimiento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, conocido como ISDS. Es un procedimiento que prevé la creación de tribunales privados, ajenos a la justicia ordinaria, ante los que los inversores extranjeros (cualquier empresa multinacional) podrán demandar a un Estado para reclamar por las pérdidas de beneficios derivadas de decisiones adoptadas por ese Estado en materia de política pública.
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