Intermon Oxfam presentó la semana pasada sus principales conclusiones, (ver documento aquí), sobre la futura aplicación de esta tasa en la UE. Según sus cálculos, si se desplegara con todas sus posiblidades en España, podría suponer una recaudación de 5.000 millones de euros. En principio, lo pactado entre los once países que la aplicarán es un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados. La ONG, que ha aglutinado a los movimientos a favor de este impuesto, está convencida de que la distorsión en el mercado financiera será "mínima" por la cuantía de la tasa.
Respecto a la Tasa Tobin, la otra cuestión que está por
discernir es el destino de los fondos que se recauden. Tras adoptar la
idea del Nobel de economía James Tobin, las ONG pensaron que se debía
destinar a la lucha contra la pobreza mundial. En el ánimo de Intermón
Oxfam está el que se dediquen la mitad de los ingresos conseguidos en
España a los colectivos excluidos, y que la otra mitad vaya a
cooperación internacional.
La principal partida de
gasto que contempla en su reparto la ONG es una renta de inserción que
sirva de colchón para las familias que no están cubiertas por ninguna de
las prestaciones ni subsidios actuales. Esta línea de gasto se llevaría
alrededor de 1.800 millones de euros y cubriría las necesidades básicas
de 476.000 hogares españoles, el equivalente a 1,2 millones de
personas.
Intermón recuerda que ahora mismo estas
rentas básicas dependen de las comunidades autónomas. Por la dificultad
para cambiar la legislación actual, lo más sencillo para poder
distribuir este montante sería relajar los actuales criterios de la
Renta Activa de Inserción que sí tiene competencia estatal.
En cuanto al dinero que se destinaría fuera de las fronteras españolas,
Oxfam cree que la mayor parte debería destinarse a luchar contra el
cambio climático ya que ha sido una de los objetivos más olvidados por
parte de todos los Gobiernos tras la llegada de la crisis. Este objetivo
se llevaría 750 millones de euros. La lucha contra el hambre (500
millones de euros) o los programas de sanidad pública (350 millones de
euros) serían las otras partidas más significativas.